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Principios

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El principio de libertad y autonomía para negociar, es el valor central de todo proceso extrajudicial. La voluntad de las partes para iniciar y participar en los procesos es una premisa fundamental para su desarrollo y buen fin. Desde esta perspectiva, el principio de libertad y autonomía de la voluntad privada para negociar está estrechamente vinculada a la necesidad de información y a la transparencia en dos aspectos claves: (i) las partes deben estar en condiciones de decidir, a priori, su sometimiento a un procedimiento extrajudicial, (ii ) las decisiones alcanzadas pueden resultar vinculantes, e incluso ejecutivas para las partes, si se les informó de su naturaleza de antemano y aceptan expresamente. (iii) Las partes pueden retirarse del proceso en cualquier momento sin dar ninguna justificación.

El principio de confidencialidad es, sin duda, una de las razones del éxito de los mecanismos extrajudiciales. Este principio constituye el segundo valor fundamental que debe ser preservado a toda costa porque la mera idea de que el proceso y su contenido pueda transcender a terceros no generaría el necesario grado de confianza que invite a las partes a hacer concesiones mutuas. De acuerdo con este principio, las partes involucradas, así como los expertos y los proveedores de servicios tienen la obligación de no revelar datos, información o comunicaciones relacionadas con el proceso.

A menos que las partes acuerden lo contrario, o a menos que lo requiera la ley, toda la información relativa al proceso debe ser considerada confidencial. Esta obligación implica, entre otros: (i) la no divulgación de las declaraciones y de la información obtenida durante el procedimiento, (ii) la destrucción de toda la información presentada o producida durante el proceso, así como la destrucción de todas las comunicaciones intercambiadas, con excepción de la correspondencia oficial; (iii) y la prohibición de utilización de las declaraciones o de la información intercambiada durante cualquier procedimiento judicial o arbitral.

Estas obligaciones recaen en primer lugar, en las partes contendientes, pero también en los expertos e institución, que no podrán ser obligados a declarar o informar sobre el proceso, las posiciones sostenidas por las partes, o las concesiones que estaban dispuestas a aceptar. Este principio sólo puede ser limitado por una autoridad judicial por motivos de orden público.

Los principios de imparcialidad e independencia son el tercer vector fundamental. Los expertos deben considerarse imparciales si no actúan con escoramientos ideológicos en favor o en contra de una de las partes y no estan sujetos a presiones que pueden influir potencialmente en su actitud con relación a un conflicto. Con respecto a la independencia, este requisito está estrechamente relacionado con los posibles conflictos de interés: los expertos no deben mantener ningún conflicto de interés con las partes y, en caso de existir algún hecho que pueda inducir a duda, informarán sin demora a las partes.

El principio de transparencia implica actuar sin velos, sin ocultar ninguna información que pueda ser de interés para las partes. Es esencial para el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad.

El principio de neutralidad obliga al experto a no llevar a cabo evaluaciones previas sobre los hechos, a no tomar parte en ellos, y a no alinearse con una posición particular. En virtud de este principio, los mediadores pueden sugerir, incluso proponer informalmente, pero en caso alguno imponer soluciones. Se trata de un principio inherente a la condición de mediador, a quien se identifica en ocasiones con el término de “tercero neutral”.

En virtud del principio de justicia y equidad, los expertos asumen la importante tarea de gestionar el poder de las partes con el fin de restablecer el equilibrio en situaciones asimétricas. Cabe destacar que el contenido del principio de equidad es diferente del principio de debate contradictorio, característico de los mecanismos evaluativos y adjudicativos. Este principio implica para las partes involucradas: (i) tener la posibilidad, en un plazo de tiempo razonable, de expresar su punto de vista, sus argumentos frente a los presentados por la otra parte, y poder hacer valer las declaraciones y opiniones dadas por los expertos al respecto; (ii) Ser informadas de que no están obligadas a contratar a un abogado o un asesor legal, pero que pueden buscar asesoramiento independiente o ser representado o asistido por un tercero, en cualquier etapa del procedimiento; (iii) Ser notificadas del resultado del procedimiento por escrito o en un soporte duradero; (iv) Recibir aviso acerca de la posibilidad de resolver mediante una determinada transacción, o de la posibilidad de no participar en ella.

El principio de eficiencia (eficacia, celeridad, economía). De acuerdo con este principio, todos los procesos deben ser simples, comprensibles, rápidos, asequibles y eficaces en términos de satisfacción de los intereses y necesidades de las partes. Como tal, el experto no sólo debe ocuparse de la cuestión en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la naturaleza de la disputa, si no también revisar periódicamente su progreso para asegurarse de que se trata oportunamente y con la debida diligencia. Debe asimismo asegurarse que se resuelve de la forma más económica para las partes y que responde a los intereses de éstas.

Implica además, el control del comportamiento de las partes, que debe ser revisado por el experto para asegurarse que éstos efectivamente responden a su compromiso de encontrar una solución adecuada y justa al conflicto. Si una de las partes se está comportando de forma obstructiva, ambas partes deben ser informadas para que puedan considerar la posibilidad de continuar el procedimiento o resolverlo.

Por el principio de legalidad, toda actividad debe estar sujeta al imperio de la ley. Por aplicación del mismo, debe garantizarse la seguridad jurídica, evitar la arbitrariedad y buscar el respeto de los derechos fundamentales, el orden público y el interés general. Por el mismo principio de legalidad además, todas las decisiones deben ser comunicadas a las partes interesadas lo antes posible, por escrito o por cualquier otro medio adecuado , indicando las razones de la decisión. En lo que se refiere a los consumidores, la posible decisión de un tercero no debe privarlos de la protección prevista por las disposiciones imperativas de la ley de su lugar de residencia habitual.

Formación especializada y la comprensión general de la ley. Con el fin de lograr una solución satisfactoria de los conflictos y garantizar la confianza tan necesaria en los procesos extrajudiciales, resulta esencial que las personas encargadas de resolverlos posean conocimientos especializados en Derecho y, en su caso, psicología.

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